Basándose en las entrevistas con la presunta víctima, el presunto maltratador (si procede), los padres, tutores o cualquier otro contacto colateral, el investigador determina la validez de las alegaciones. El investigador también revisa y corrobora otras pruebas que pueden estar disponibles (por ejemplo, colaboración con el juzgado, informes médicos, informes escolares, etc.).